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viernes, 11 de febrero de 2011

Panorama de las Administraciones Públicas.

Máster en Gestión Pública, Liderazgo Político y Comunicación.
Cristian Santiago de Jesús


PANORAMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2009.


INTRODUCCIÓN.

Sin duda, y teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y financiera al que nos han invitado a convivir en los últimos años, el papel del gobierno a recobrado un papel protagonista y destacado que le ha permitido una mayor intervención; una nueva Gobernanza ¿privada?. No olvidemos que el 43% de bienes y servicios públicos, de los países miembros de la OCDE, están producidos/gestionados por el sector privado. Una coyuntura estratégica que ha facilitado, aún más si cabe, la implementación de las políticas neoliberales por parte de las elites del poder.

Debido a la recerca de la optimización de la eficacia y la eficiencia, en muchos casos de una forma desafortunada y alejada del, cada vez más, desorientado bien común, los gobiernos han introducido recortes- eufemísticamente llamados medidas - que están significando el incremento del estado del desbienestar.


Dicho esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, está trabajando a través de buenos indicadores [Contexto, Ingresos, Inputs, Procesos, Resultados y Conclusiones] para ofrecer una comparativa entre el funcionamiento de los diferentes gobiernos de los países miembros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es una organización de referencia en todos los ámbitos de la sociedad, de los gobiernos miembros de la OCDE y del resto de estados que, por el momento, no forman parte de ella.

Simultáneamente, intentan ofrecer sentido común a través del análisis de las capacidades que tienen los gobiernos para servir en favor del interés público y para fortalecer la buena implementación de las políticas públicas que consigan retornar al crecimiento autosostenible de la economía. Una sostenibilidad, que busque el equilibrio entre el respeto a las personas y al medio ambiente y el desarrollo de la economía.

Por todo esto, una adecuada gobernanza es vital para, primero; el crecimiento social, segundo; el respeto medioambiental y tercero; el desarrollo económico a largo plazo. Para conseguirlo tenemos que destacar los valores y la ética del sector público versus el sector privado. Es decir, transparencia y participación como pilares fundamentales de la nueva Gobernanza Pública. Alimentada al mismo tiempo, por la habilidad de los gobiernos en supervisar, anticiparse y adaptarse para conseguir políticas públicas exitosas que permitan, a través de buenas prácticas en la gestión pública, conseguir los objetivos.

En definitiva, el mencionado “éxito” de las políticas públicas dependerá en gran medida de la fiabilidad de los indicadores. Este mecanismo de situar a las políticas y los indicadores en su contexto, nos ayudará, por lo tanto, a comprender mejor las diferencias y similitudes entre los países.

Sin duda, otra de las claves del “éxito” de la OCDE estará en saber desarrollar una serie de indicadores validos, no exentos de debate, que se aproximen a los resultados óptimos y a unas conclusiones útiles de las administraciones públicas. Los objetivos deben ser evaluar, identificar y comprender a las administraciones públicas para conseguir un buen uso que sea beneficioso para todos.

DESENLACE.
Afortunadamente y después de mucha lucha popular, intelectual y política, los gobiernos en las últimas décadas se preocuparon por su capacidad a la hora de mejorar el desarrollo de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos y la buena salud de las empresas.
Paralelamente, desde la cooperación internacional se sugirieron nuevos mecanismos para la mejora de las capacidades de anticipación y gestión de riesgos que deberían haber incrementado la credibilidad y eficacia de los gobiernos.

Esto significa que la Gobernanza Pública de la crisis debería haber estado bien dotada de capacidades para prever, prevenir y responder a las necesidades de un pueblo agotado y, en algunos casos, adormecido, acomodado, de perfil bajo y enquistado en deudas, hipotecas y baja cultura política.

En cambio, sin perder la esperanza, ciudadanos combativos, heroicos, de amplia inteligencia e intelectualidad, abiertos, emprendedores y libres siguen trabajando en el diseño de políticas fundamentadas en los hechos que deben facilitar a sus respectivos gobiernos alcanzar el crecimiento social, cultural, político y económico sostenible.

Sin duda, evitar la crisis financiera reciente hubiera sido posible a través de medidas de protección basadas en los valores de la integridad i la credibilidad de los gobiernos. Unas medidas de protección y unos códigos éticos que deberían fomentar la búsqueda del equilibrio y armonía entre el sector público y el privado.

Se hace inevitable, debido a los intereses del sector privado en influir en las decisiones gubernamentales, incrementar la voluntad por erradicar y prevenir la corrupción en el mercado de la contratación pública. Para ello la OCDE está elaborando herramientas que faciliten las buenas prácticas y garanticen un concurso público transparente y justo. Por todos es sabido, que la legitimidad desaparece o se pone en riesgo el interés común cuando las decisiones se toman a puerta cerrada.

Al mismo tiempo, incrementar los ingresos fiscales a través de un crecimiento responsable de la actividad económica se hace indispensable para compensar el aumento del gasto público en servicios sociales. El recorte de los bienes y servicios públicos no es la solución. Debemos recuperar la salud fiscal de los países de todo el mundo y optimizar el uso de los recursos gubernamentales fomentando la eficacia y eficiencia de un sector público responsable con el interés colectivo. No vaya a ser que padezcamos de alzhéimer y olvidemos que el principal objetivo de los gobiernos debe ser la mejora continua del bienestar social. Por eso, cubrir las necesidades y demandas sociales y empresariales debe formar parte de las prioridades de los gobiernos.

A pesar de todo, los intereses del sector privado, su búsqueda de beneficio, no debe de ser incompatible con la búsqueda del beneficio social de los gobiernos. La colaboración entre ambos sectores es estratégicamente posible y necesaria para conseguir el equilibrio.
En definitiva, a través de valores públicos como la imparcialidad, la legalidad, la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la equidad y la participación democrática se mejorarán la confianza y la fiabilidad pública para conseguir los retos del futuro.

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